En Costa Rica, una gran cantidad de personas, afectadas por distintos padecimientos, utilizan el cannabis (o marihuana) para controlar los efectos de sus males, en particular dolores y convulsiones. Como el consumo es ilegal, no existen estadísticas al respecto, por lo que su número es indeterminado. Sin embargo, la evidencia anecdótica sugiere que podría contarse en varios centenares, o quizá miles, y en un amplio espectro de edades. Todo indica, además, que el uso está creciendo.
La ilegalidad no solo impide contar con adecuada información; tiene otros efectos mucho más serios. El principal es que la mayoría de esos pacientes no disponen de guías realmente profesionales sobre las dosis y modalidades de consumo recomendadas: aunque hay médicos que, por elemental compasión, conocen, toleran y en algo orientan el uso, están impedidos legalmente para ayudarlos de manera sistemática. Esto expone a los consumidores a riesgos de insuficiencia o sobredosis, con serias consecuencias potenciales. La falta de controles oficiales sobre las características del cannabis y sobre los canales de distribución –otro resultado de la ilegalidad–, impide asegurar la calidad y acrecienta los peligros.
La prohibición, además, impide que nuestro sistema de salud, tanto estatal como privado, incorpore este componente al instrumental terapéutico de los profesionales, para lo cual ya existe abundante literatura, con base en experimentos científicamente controlados en varios países.
Todos estos factores no solo justifican, sino que hacen necesaria, la legalización del cannabis con propósitos terapéuticos en Costa Rica. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa tramita actualmente un proyecto en tal sentido, presentado por el diputado del PAC Marvin Atencio. El texto contiene una serie de detalles que deben mejorarse, sobre todo a fin de evitar que se cree una gran burocracia alrededor de la administración. En su esencia, sin embargo, es positivo y merece un trámite ágil, aunque sin dejar de ser riguroso.
Ya la Caja Costarricense de Seguro Social dio su aval al plan. El Ministerio de Salud prepara un “informe técnico”, que enviará a los legisladores. Numerosos y experimentados profesionales consideran necesario contar legalmente con esa nueva herramienta farmacológica. En un reportaje sobre el tema que publicamos el pasado domingo, el Dr. Luis Eduardo Sandí, director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) advirtió que la marihuana “tiene muchos componentes que pueden afectar múltiples funciones” neurológicas y cardíacas, además de producir dependencia. Esta es una razón de más para que se legalice y, por ende, supervise con rigor profesional su adecuado uso terapéutico, algo que actualmente ocurre de manera descontrolada.
El binomio legalización-supervisión del uso médico del cannabis está avanzando aceleradamente, y con responsabilidad, alrededor del mundo. En Canadá está autorizado y en Estados Unidos se permite en 25 estados (cuatro también lo aprueban con fines recreativos). A ellos se suman países europeos y del Cono Sur, en todos los cuales es posible identificar guías que nos orienten en el nuestro.
Si la prohibición no ha impedido el uso por múltiples pacientes, por esa misma razón el consumo se produce hoy con mínimo control y altos riesgos; si rigurosos criterios profesionales lo avalan dentro y fuera de Costa Rica, y si países con sólidos sistemas de supervisión farmacológica lo han aprobado, ha llegado el momento para que nuestro país también dé ese paso, al margen de los prejuicios y con estricto apego a la realidad y las buenas prácticas.
