Poco más de un año después de aprobarse la ley que regula la producción y venta de marihuana en Uruguay, 15 grupos cooperativistas, conocidos como clubes “cannábicos”, preparan sus primeras cosechas mientras tramitan su autorización para poder producir esta sustancia de forma legal.
“No es fácil”, suspira el sociólogo Diego Pieri, miembro del club Cluc (Cultivando la Libertad Uruguay Crece) y de la ONG Proderechos, una de las organizaciones civiles que incidieron en la implementación de la ley 19.172, aprobada en diciembre de 2013.
El proceso para cultivar marihuana de forma colectiva puede llevar meses hasta que la inscripción sea aprobada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Y es que quienes hayan imaginado la legalización de la marihuana como una celebración repleta de humo y de un olor bastante específico, quizás no estén familiarizados con la burocracia que implica el proceso legal.
“Nosotros ya presentamos todos los papeles (…). Una vez que el Ministerio de Educación y Cultura nos da la habilitación para funcionar como ONG, más el plan de cultivo, más la definición de la persona como encargada técnica del cultivo y una autorización del dueño del local, podemos ir al correo, donde se hacen las inscripciones”, detalla Pieri respecto al procedimiento a seguir.
Previendo la usual demora de los trámites públicos y también los tiempos de siembra de acuerdo a las estaciones, el grupo de este activista empezó a organizarse hace un año, cuando la ley todavía no estaba reglamentada.
“Acá nadie está revendiendo las flores a otras personas, simplemente nos juntamos todos, evaluamos los costos totales de todo el cultivo y lo dividimos entre 45 personas entre 12 meses y cada uno va pagando aproximadamente 30 dólares por mes”, aclara Pieri.
El Cluc cuenta con la cantidad máxima permitida de 45 miembros y de 99 plantas.
La ley también determina “las actividades de divulgación, información y educación en el consumo responsable, dirigidas exclusivamente a sus integrantes” entre las responsabilidades de los clubes, según el Ircca.
“A partir del 28 de abril, los clubes que no estén perfectamente autorizados y que no cumplan todas las normas de seguridad pueden ser objeto de sanciones administrativas, ser cerrados por el Ircca y eventualmente perder las plantas, pero de ninguna manera esto implica un delito”, explica el militante.
En este sentido, en el Cluc decidieron recientemente repartir pequeñas cantidades de esta sustancia entre sus integrantes, después de que las primeras plantas fueran debidamente secadas y cortadas.
Además, ya preparan una gran cosecha de 300 gramos para cada uno de los miembros -de los 480 anuales permitidos-.
Para Pieri, obtener la autorización legal significará que 45 personas ya no necesiten recurrir al narcotráfico, cumpliendo el objetivo de la ley.
Pese al trabajoso trámite burocrático para registrar al club, el activista sigue prefiriendo la producción colectiva de marihuana.
“Lo más interesante de esta vía de acceso es que promueve el asociacionismo, que es una cantidad de gente que se junta, donde surgen ideas diferentes y pruebas de ensayo y error para tener mejores formas de cultivo y de organización”, concluye.
Por ahora, la ley ha sido aplicada solamente para el cultivo de marihuana sin fines comerciales, es decir, el cultivo doméstico de hasta seis plantas por residencia o a través de los clubes de membresía.
De acuerdo a la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, además de los 15 clubes en proceso de tramitación, hay 2.000 autocultivadores ya registrados.
Se espera que la venta de marihuana en las farmacias se concrete antes de fin de año, según la JND.
