La regularización de la producción, distribución y consumo de la marihuana (canabis) en Uruguay, que todavía tiene que ser refrendada por el Senado de ese país, generó en Ecuador reacciones un tanto diferenciadas entre ciertas autoridades, aunque todas coincidieron en que es un tema que debe debatirse y consensuarse entre toda la sociedad.
Para el defensor público, Ernesto Pazmiño, lo que ha ocurrido en Uruguay es una decisión histórica de un Gobierno democrático que no le teme a las imposiciones del imperio. Dice que con la regularización de la producción y distribución, lo que se hace es reducir los riesgos, disminuir el consumo y luchar desde políticas de salud contra el consumo de la marihuana.
Para este funcionario, es la prohibición la que ha generado el consumo de las drogas. “Se expande el consumo cuando son redes ocultas del narcotráfico y son los cárteles los que generan el consumo. Por tanto, la propuesta de Uruguay es la correcta”.
El Defensor Público cree que Ecuador no debería dejar solo a Uruguay en esta nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico.
Del otro lado
El fiscal general, Galo Chiriboga, es más cauto y asegura que respeta como el que más la decisión de un país soberano, pero considera que es un asunto cuyas decisiones deben ser consensuadas desde el punto de vista médico, “pero eso no quiere decir de modo alguno que se autorice o legalice el consumo de drogas en Ecuador”.
Para este funcionario, por el momento, en el país no es conveniente adoptar una decisión de esta naturaleza, pues dice que es evidente el “grave riesgo que tiene el Estado cuando los estupefacientes pueden comercializarse libremente”. “Es un problema de salud, es un problema de la ciudadanía y un problema de seguridad, porque las organizaciones criminales se fortalecerían”, agrega.
“La Fiscalía opina que es un problema de salud pública y desde esa perspectiva tiene que tratarse. Pero, por otro lado, no podemos olvidar que hay bandas criminales que se aprovechan de la adicción de esas personas para lucrar y fortalecer organizaciones criminales que son combatidas”, señala el funcionario.
No obstante, dice que la lucha contra el tráfico de estupefacientes desde el punto exclusivamente policial y legal no ha dado los resultados que la comunidad internacional quiere. También dice que discrepa con que sea una decisión unilateral y agrega que si se despenaliza tiene que ser un concepto global porque, si no, los resultados no serán los esperados.
Al costado
El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, dijo que poco puede decir al respecto, porque son temas complejos que deben ser analizados por la sociedad. “Uruguay está en ese proceso y nosotros tenemos que respetarlo”, agregó.
Cree que es un tema para debatir y no le parece que sea tema tabú, el tema se lo ha venido planteando pero como ha tenido sus complejidades, no se ha avanzando como se quisiera. (LC)
Fuente La Hora
