Chile.- En Chile la compra de semillas de marihuana o el consumo de esta no es penalizado por lo que no constituye delito. Sin embargo el cultivo, compra y posesión de esta sí lo está, con lo cual el año pasado, más de 75.000 personas, exclusivamente consumidores, fueron detenidos por posesión, compra o auto cultivo de marihuana en el país.
Hoy existen casos emblemáticos como el del psiquiatra Milton Flores quien defiende un uso medicinal y espiritual de esta planta, y el caso de Manuel Lagos, que ha expuesto mediáticamente la incongruencia y ambigüedad de la ley 20.000, con respecto a los consumidores.
Ambos casos han planteado realidades válidas. Sin embargo, no exponen las razones del por qué de una ley ambigua, que atenta contra un derecho de las personas, esto es el consumo de marihuana no penalizado. Tal vez para comprenderlo debiéramos tratar de entender el negocio que hay detrás de estos 75.000 ciudadanos honestos que por consumir caen en el sistema penal, anteponiendo a todo la pregunta “¿A quienes beneficia que esto ocurra?”.
Para ello es conveniente examinar quiénes son los grupos de intereses u organizaciones que se ven beneficiados con la ley 20.000 en su estado de “LIMBO” en torno al consumo:
1) Instituciones del Estado que reciben recursos en sus presupuestos, como SENDA, Carabineros o la PDI para perseguir a a aquellos ciudadanos que solo consumen marihuana de los cuales 75.000 son detenidos con diferentes resultados.
2) Sociedades privadas que tienen la licitación de la Defensoría Pública y lucran con la defensa de esos 75.000 detenidos. Muchas de ellas son sociedades en las que participan grupos de poder y profesionales con estrecha relación con parlamentarios que dictan leyes como la Ley 20.000. Cabe destacar que un traficante se declara culpable y sale de inmediato del sistema, un consumidor al no ser traficante, no se declara culpable y entra en el sistema procesal penal hasta que se demuestre que no lo es. Parte de quienes se benefician con el absurdo son los licitantes de la defensoría publica.
3) También son beneficiarios aquellas empresas que tienen la concesión de las prisiones privadas. A mayor número de reos, mayores beneficios económicos. La cantidad de personas encarceladas bajo la Ley 20.000, y que solo son consumidores, constituye una variable de rentabilidad no despreciable para estas empresas.
4) Las empresas productoras de alcohol y tabaco y el gran lobby que despliegan, con publicidad y aparatos de comunicación, pese a vender drogas, aunque lícitas. Tomando en cuenta el nivel de competencia y la eventual baja en sus utilidades que les podría significar la despenalización de la marihuana, se muestran contrarias a ella, sobre todo si la liberalización implica autocultivo.
5) Es muy posible que se verían afectadas las empresas farmacéuticas y laboratorios de medicamentos si fuera legalizada la marihuana, tomando en cuenta las propiedades en beneficio de la salud que ella tiene.
El Servicio Agrícola y Ganadero en el año 2011 autorizó la primera plantación de Cannabis con fines médicos y de investigación. Sin embargo, el Instituto de Salud Publica (ISP) hizo revocar tal decisión, ya que la ley tiene prohibido el desarrollo de cualquier fármaco con cannabis. Llama la atención la actitud del ISP de evitar la investigación científica, de igual manera como se hace con el consumo. ¿De dónde proviene y que intereses hay detrás de esa prohibición?
Es un hecho que la planta tiene cualidades medicinales para el ser humano, destacando aquellas anti cancerígenas, analgésicas y estimulantes del apetito, avaladas por estudios serios según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos de Norteamérica. Tiene además propiedades antioxidantes y neuroprotectoras, siendo útil en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y demencia por VIH. Así consta en el registro de patentes de Estados Unidos, (Patente 6.630.507), que curiosamente esta asignada a “The United States of America as represented by the Department of Health and Human Services”, es decir el Gobierno de USA.
Para terminar creo vital centrar el debate en transparentar y eliminar los intereses ocultos que existen en torno a la ambigüedad de la Ley 20.000, y a potenciar la investigación científica de la marihuana y sus beneficios para el ser humano.
Fuente Elmostrador
