En la Fundación Progresa creemos que el debate en torno a las políticas de drogas en Chile requiere de un espacio inclusivo, abierto y libre de tabúes ideológicos. Pero por sobre todo, que debe centrarse en un dialogo que integre conceptos y principios de libertades individuales, derechos, responsabilidad y salud. La mal llamada guerra contra las drogas ha sido uno de los mayores fracasos en lo que a políticas públicas mundiales se refiere y no estamos dispuestos a que en Chile ocurra lo mismo.
Creemos que como país es urgente profundizar un diálogo pragmático e inclusivo, especialmente cuando celebramos el bicentenario, un momento de reflexión respecto a nuestro pasado, presente y por sobre todo el futuro. Es por es to que gracias a un número de iniciativas, como lo han sido nuestros grupos de trabajo, la organización del seminario “ Ideas Progresistas para un nuevo enfoque hacia las Drogas en Chile”, nuestra Encuesta de consumo y percepción de la Marihuana en estudiantes universitarios chilenos y documentos de investigación; continuamos trabajando para que Chile y los chilenos tengan una nueva política de drogas.
Para esto se requieren importantes cambios en la actual ley 20,000 (Ley de Drogas); en la forma en que el Gobierno elabora y ejecuta la política de drogas; modificaciones en la relación con otras entidades como lo sonla PDI, Gendarmería y Carabineros; un aumento en las instancias participativas que convoquen a ciudadanos y otros actores relevantes de la sociedad civil como lo son los centros de estudios, organizaciones académicas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones locales; mecanismo de retroalimentación que permitan un aprendizaje a partir de los éxitos y fracasos en otros países; y por supuesto la necesidad de entablar un diálogo abierto e inclusivo con toda la sociedad chilena.
Agradecemos a todas y todos quienes han aportado en la elaboración de esta propuesta inicial.
Una nueva política de drogas para Chile.
La Fundación Progresa aborda la temática de las drogas bajo un prisma basado en el concepto de Seguridad Humana. Esto implica entregar prioridad a la protección de los individuos de riesgos a su dignidad y salud. Un ambiente donde se provee seguridad humana es donde las personas tienen la posibilidad de vivir vidas estables, seguras y con autodeterminación. La Seguridad Humana no se trata de la ausencia de conflicto, sino que una garantía de que los seres humanos pueden vivir en un espacio con constante respeto por los derechos humanos, buen gobierno, acceso a la educación, participación, salud y la seguridad de que cada individuo tiene las oportunidades y alternativas para desarrollar en pleno sus potenciales.
Desde la Fundación Progresa, trabajamos por una sociedad donde el uso y regulación de las drogas se basan en la salud, la ciencia y las libertades individuales derechos. Donde los criminales y no los consumidores tratados dentro del área salud son perseguidos y castigados.
Por esto afirmamos y proponemos:
1.- Es momento de reconocer los fracasos:
Las políticas de drogas en Chile tienen y han tenido como meta disminuir el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, ambos aspectos han demostrado un alza sostenida en los últimos años. Lo que nos lleva a argumentar que las políticas de drogas en Chile han fallado. Esta es una tendencia que va de la mano con lo que ocurre en un gran número de países en el mundo, donde la guerra contra las drogas ha probado ser inefectiva. El punto de partida de toda política de drogas nace en reconocer que las políticas públicas diseñadas e implementadas hasta el momento han fracasado.
2.- Despenalizar el consumo, porte y cultivo de marihuana para usos personales: poner fin al prohibicionismo
2.1-DESPENALIZAR EL CONSUMO, PORTE Y CULTIVO:
Subrayamos que las políticas de drogas prohibicionistas y represivas que se han implementado en Chile (en paralelo a un gran número de países en el mundo) durante los últimos años han sido un fracaso. No sólo porque no han podido cumplir los objetivos (autoimpuestos) de reducir el consumo y el tráfico, sino porque han generado una mayor clandestinización, criminalización , estigmatización especialmente hacia los consumidores y un aumento en el consumo. Poner fin al prohibicionismo, luego de reconocer su fracaso, significa despenalizar el consumo, porte y cultivo de marihuana en Chile.
El despenalizar el consumo y cultivo personal de marihuana, es, en otras palabras, regular. El consumo personal de marihuana debe ser regulado como lo son el uso de otras drogas como el alcohol y el tabaco. Además, el cultivo yporte para uso personal también debe ser regulado. Con esto, creemos que podremos disminuir el mercado negro, aumentar la calidad del producto y fomentar que quienes presenten problemas, se acerquen sin temor a buscar ayuda. Por último estas medidas, y por sobre todo las que se refieren al cultivo, podrían crear un alto impacto en los precios, mejorar la calidad y también generar una importante actividad económica/agrícola para el país.
2.2-TERMINAR CON LAS PERSECUCIONES HACIA LOS CONSUMIDORES:
Es de alta trascendencia terminar con las persecuciones hacia los consumidores y desarrollar espacios básicos para que los ciudadanos puedan actuar con responsabilidad y sin miedo a ser perseguidos y estigmatizados. Si bien segúnla Reforma Procesal Penal, las personas que son sorprendidas consumiendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben ser citadas antes el Fiscal, previa confirmación de domicilio; esto no se cumple. Por lo que urge no solo educar a los ciudadanos en este ámbito, sino que también a los policías y fiscales para que de una vez por todas respeten los derechos de los consumidores y terminemos con los abusos que se cometen a diario, muchas veces usando la figura de microtráfico como excusa de represión.
2.3-TERMINAR CON EL ESTIGMATISMO Y DETENCIONES INNECESARIAS:
Nos preocupa el estigmatismo con el que se llevan a cabo las detenciones e interpretaciones de los jueces. Esto tiene un alto costo social económico y pareciera obedecer más bien a la intención de seducir políticos y medios de comunicación, y no a terminar con el problema de las mafias. Un importante número de personas privadas de libertad no deberían estar hoy tras las rejas. Seguimos llenando las cárceles con personas que no deberían estar ahí. Casi el 63% del total de las detenciones por la ley de drogas corresponden a la categoría consumo o porte, y no a tráfico o elaboración. Es más, y como punto de partida, vemos de manera urgente que los fiscales transparenten el cómo interpretan la ley.
3.- Más salud pública y educación, no sólo seguridad pública:
3.1-UN TEMA DE SALUD PÚBLICA:
La política de drogas en Chile debe ser vista como una política pública enfocada en la salud y no simplemente en la seguridad. Porque el consumo de drogas es un tema de salud pública, urge formular un nuevo plan de drogas que dependa del Ministerio de Salud y no del Ministerio del Interior.
3.2-EDUCACION PARA PODER DECIDIR:
La ciudadanía debe ser educada, lejos de los tabúes ideológicos y las restricciones morales, en espacios donde puedan ser educados respecto a las drogas, las políticas relacionadas, sus derechos, reducción de riesgos, etc. Medios como la televisión deben jugar un rol crucial entregando la información correcta e informando a la ciudadanía.
3.3-ESTABLECER DIFERENCIAS ENTRE LAS DROGAS:
Urge establecer diferencias claras entre las diferentes drogas consumidas en Chile, basadas por ejemplo en parámetros que hablen de sus efectos y niveles de dependencia. No es lo mismo consumir cocaína, heroína o marihuana; cada una requiere estándares y enfoques especiales. Por ejemplo, la marihuana no puede seguir bajo la categoría (Lista 1) de sustancias peligrosas, equiparándola a la morfina, cocaína, etc.
4.- Participación ciudadana:
4.1-AUMENTAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN:
La ley de drogas en Chile requiere de una discusión, amplia, participativa y vinculante, que decante en un nuevo enfoque a la manera de relacionarnos y de regular las drogas. Reconocemos los actuales esfuerzos del CONACE, pero estos son demasiado tímidos e insuficientes.
4.2-FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL:
Es necesario fortificar el tejido y las organizaciones sociales, asunto largamente abandonado durante los años dela Concertacióny el actual gobierno. Es más, tanto la oposición como la derecha sólo han ayudo a empeorar las cosas. Por esto, urge desarrollar canales de participación que involucren a la mayor cantidad de actores en la discusión y elaboración de una nueva política de drogas.
5.- Terminar con el crimen organizado, reducir los costos, enfocar la inversión y recaudar impuestos:
5.1-MAYOR ENFOQUE SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO:
Debemos quitar el foco sobre el consumidor y enfatizar la represión sobre el crimen organizado y las pandillas que se siguen robusteciendo en sectores identificados de la población, las que, muchas veces, reemplazan roles que debiera cumplir el Estado. Es en esta área donde las políticas de seguridad ciudadana deben actuar y ser enfocadas.
5.2-REDUCCIÓN DE COSTOS Y UN NUEVO ENFOQUE DE INVERSION:
Los costos asociados con esta fallida guerra a las drogas en Chile son altísimos. El costo estimado
(por persona) de la prisión preventiva relacionada con infracciones a la ley de drogas supera los
500 mil pesos, superando así los 400 mil millones de pesos anuales de costo total. Como mencionamos antes, casi el 63% del total de las detenciones por la ley de drogas corresponden a la categoría consumo o porte, y no a tráfico o elaboración. Es de alta importancia reducir los costos para el estado y enfocar esos recursos en quienes necesitan rehabilitación.
5.3-RECAUDAR IMPUESTOS:
Entregamos especial atención al debate en torno a la posibilidad que una vez regulado el consumo de marihuana, este pueda también generar recursos por medio de la recaudación fiscal. Usando los parámetros dela ONU, podemos estimar que en Chile se pueden llegar a consumir entre 6 y 15 toneladas de marihuana aproximadamente (estimación mínima y conservadora). Si la venta estuviese sujeta a impuestos similares, por ejemplo al vino o al tabaco, podríamos llegar a tener recaudaciones anuales del orden de los 5 a 20 millones de dólares. Pagaríamos impuestos para calidad, seguridad y tranquilidad.
Fuente MiguelBravo
