Grupos que apoyan el uso medicinal interponen demandas para impedir el cierre de negocios en el estado
Luego de que los cuatro fiscales federales en California anunciaran el mes pasado que combatirían la proliferación de dispensarios de marihuana, grupos defensores del uso medicinal de la yerba interpusieron demandas que buscan obtener órdenes judiciales para impedir el cierre de esos centros de venta.
Sin embargo, ayer se dio a conocer que un juez estatal falló en contra de esos establecimientos en San Diego, ya que con base en las leyes de urbanismo y uso de suelo de esa ciudad, los dispensarios de marihuana no son legales.
“No hay lugar en la ciudad de San Diego donde esté permitido el uso de dispensarios de marihuana medicinal. Por lo tanto, es ilegal”, estableció el juez del Tribunal Superior de California en el Condado de San Diego, Ronald Prager.
El caso de San Diego se deriva de la demanda que puso Kimber Investment Group para desalojar el dispensario de marihuana Medibloom que se ubica en uno de sus centros comerciales.
La decisión del juez Prager establece que cualquier propietario que rente establecimientos para la operación de dispensarios de marihuana en San Diego puede pedir el desalojo de los mismos.
Hace un mes los cuatro fiscales federales que cubren California, Laura Duffy, en San Diego; Andre Birotte Jr., en Los Ángeles; Benjamin Wagner, en Sacramento, y Melinda Haag, en San Francisco, advirtieron que estarían incautando propiedades y cuentas bancarias a los dueños de dispensarios que estén operando de manera irregular.
Los fiscales señalaron que hay corporaciones que a través de los dispensarios están generando millonarias ganancias, lo cual es ilegal según la ley estatal.
Americans for Safe Access (ASA), la organización más grande del país que defiende el uso de la marihuana medicinal, presentó una demanda legal el pasado 27 de octubre en contra de la fiscalía de San Francisco, y durante viernes y lunes se sumaron grupos de San Diego, Sacramento y Los Ángeles en una ofensiva de contraataque.
Además de desestimar las leyes municipales y del estado de California que aprueban el uso de la marihuana medicinal, las demandas argumentan que la intención del gobierno federal, de obligar a los dueños de dispensarios a que cierren sus establecimientos, se contrapone a un acuerdo judicial que dispuso un juez federal en Santa Cruz, en el área de la bahía.
En ese caso, donde pacientes del dispensario Wo/Men’s Alliance for Medical Marihuana demandaron por el intento de cierre, un juez determinó que el gobierno federal no usaría sus recursos en contra de los pacientes que cumplieran con la ley estatal.
Para Joe Elford, abogado de ASA, el gobierno federal tiene el derecho de aplicar las leyes federales sobre la marihuana, pero conforme ala Décima Enmiendano puede usar tácticas represivas para apropiarse de las funciones de la ley del estado, es decir, estaría violentando la soberanía del estado y su derecho constitucional de establecer sus propias leyes de salud pública.
De acuerdo con los activistas pro marihuana, el Departamento de Justicia, a través de sus cuatro fiscalías en California, luego de enviar cartas, a manera de ultimátum, a los dueños de dispensarios para que cierre en un plazo de 45 días, estaría planeando redadas policiacas para cerrarlos a la fuerza.
Las cartas empezaron a ser enviadas el mes pasado y el plazo se estaría cumpliendo a mediados de noviembre.
Para el abogado Robert Kissig, experto en casos de marihuana medicinal, las restricciones que pretende establecer el gobierno federal son un juego político que es impulsado por los operadores de las prisiones que se siguen beneficiando económicamente al recibir a detenidos por la simple posesión de marihuana.
“Hay mucho conflicto de intereses, es un juego político para mantener a más personas encarceladas y que así puedan recibir dinero del sistema carcelario”, dijo el abogado.
En su reciente conferencia internacional que analiza la legalización de algunas drogas,la Drug PolicyAlliance (DPA) criticó la acción de la administración del presidente Barack Obama, a quien acusaron de una vez más dar la espalda a sus promesas de campaña.
Ethan Nadelmann, director dela DPA, señaló que ese tipo de políticas en contra de la marihuana dentro del gobierno de Obama es impulsada por funcionarios que han predominado desde las administraciones pasadas.
Por otra parte, la secretaria de estado, Debra Bowen, anunció ayer una nueva iniciativa de ley, la 1518, para reducir las multas relacionadas con la marihuana, para lo cual quien la propone, Bill Zimmerman, deberá reunir unas 504,760 firmas para pasar a la boleta electoral con fecha límite del 5 de abril de 2012.
‘Hay mucho conflicto de intereses, es un juego político para mantener a más personas encarceladas y que así puedan recibir dinero del sistema carcelario’.
Robert Kissig
Abogado experto en casos de marihuana medicinal
Fuente Opinion
