La guardia civil ha sido denunciada por la aplicación incorrecta y alegal de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera) en la cercanías de la Cannabis Parade.
La Cannabis Parade es una reunión anual convocada por la Asociación de Internautas del Cannabis Café, única asociación de consumidores inscrita en el registro nacional, con el número 169.033. La AICC alquiló el camping de Ruesta donde se celebró el evento, la convocatoria era privada, solo para socios y simpatizantes de la AICC, así como de otras asociaciones regionales, todas legales e inscritas en sus correspondientes registros regionales. En respuesta a la solicitud de la guardia civil la AICC emitió un informe legal sobre la actividad que se desarrollaría en el recinto.Desde el miércoles día dos que dio comienzo la actividad se sucedieron los registros exhaustivos de personas y vehículos por parte de la guardia civil en las inmediaciones de la Cannabis Parade. El viernes tuvimos noticia de que se habían instalado en el camino de entrada y registraban sistemáticamente a todos los que se dirigían al camping. Un grupo de representantes de la AICC y otras asociaciones se dirigieron a negociar una salida pacífica al conflicto. Allí encontramos dos todoterreno de la Guardia Civil, con dos parejas y un cabo al mando del dispositivo policial.
El abogado de la AICC informó al mando de la operación de la legalidad de la reunión y le ofreció le informe jurídico que se había enviado previamente. El cabo de la Guardia Civil manifestó que había leído el informe y que no estaba en el camping sino aplicando la Ley Corcuera en la vía pública. El abogado de la AICC y otros representantes le indicaron que la Ley Corcuera no autorizaba registros exhaustivos, que una cosa era la identificación de personas y vehículos y otra bien diferente el cacheo, vaciado de bolsillos, bolsos de señora, efectos personales etc… éste por su parte manifestó recibir «ordenes superiores» y no estar dispuesto a cesar en su actitud.
Asimismo amenazó con llamar a los antidisturbios si no despejábamos la zona, diciendo que si pensábamos que estaba actuando mal nos facilitaba su numero para que lo pudiéramos denunciar si lo estimáramos oportuno. Cuando le preguntamos por su número de placa nos dio dos números diferentes, lo que nos hace suponer que al menos en un caso mentía. La delegación se retiró dejando un representante para no cerrar el cauce del dialogo con las autoridades, así como para ser testigo de los hechos. Durante nuestra presencia pudimos comprobar como se detenían sistemáticamente a los coches que se encaminaban al camping de Ruesta, ordenándoles parar, haciendo salir a los ocupantes de los vehículos para acto seguido conminar a los mismos a vaciar los bolsillos, riñoneras, bolsos de señora, cajetillas de tabaco, abrir capós y equipajes etc…
Las cantidades decomisadas siempre fueron pequeñas y destinadas al consumo, nada que hiciera sospechar que la intención de los cacheados fuera traficar con ellas. El celo de la autoridad llegó a tal grado que incluso requisaron semillas de cannabis, producto totalmente legal en nuestro país, sin embargo cuando nuestro representante informo respetuosamente al respecto al mando de la guardia civil éste respondió: «¿te quieres hacer el favor de irte?, si no te voy a detener y te voy a llevar a Egea y ya verás como vas a pasar el fin de semana en los calabozos en Egea, ¡la virgen, la que me ha caído hoy! ».
El sábado día cinco empezaron a relatarnos nuevos controles. A raíz de los cuales fue interpuesta ante la policía local de Egea de los Caballeros una denuncia contra la Guardia Civil por parte de representantes de la Asociación de Internáutas de Cannabis Café (AICC), la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y el Partido Cannabis por la Legalización Y la Normalización (PCLYN). La denuncia fue redactada por el secretario y asesor jurídico de la AICC, apoyado por la asesoría jurídica de ARSECA Málaga y ALACANNABIS de Alicante.
Durante el tiempo de estancia en la policía local se nos trató siempre con corrección y amabilidad. Allí pudimos hablar con una ciudadana que llegó a quejarse de que su hermano pequeño había sido atracado a punta de navaja y que lo amenazaban con matarle si denunciaba. Poco después llegó un hombre mayor con cuatro adolescentes, uno de ellos llorando de impotencia, también había sufrido un atraco a mano armada. La policía local nos informó de que la Guardia Civil acababa de recibir otra denuncia de atraco violento y que la inseguridad ciudadana en la zona era muy alta y los efectivos policiales escasos. En el tablón de anuncios de la comisaría un recorte del periódico del día, subrayado, hablaba de la inseguridad ciudadana y la necesidad de efectivos policiales. Los policías que nos atendieron manifestaron no entender por qué la Guardia Civil consideraba prioritario vigilarnos a nosotros dada la cantidad de altercados violentos que se estaban produciendo en la zona.
Deploramos tener que haber ocupado el tiempo de la policía de Egea de los Caballeros en una situación generalizada de delitos. Si la guardia civil hubiera destinado sus efectivos a perseguir a los atracadores y los violentos en vez de a pacíficos ciudadanos, también podría haberlo hecho la policía local. Estamos seguros de que la seguridad ciudadana se hubiera visto notablemente mejorada.
Esta situación es solo un ejemplo más de las humillaciones y persecuciones habituales que sufrimos los consumidores de cannabis. Las medidas represivas y la desinformación sólo han conseguido que el consumo de cannabis aumente cada año. El Ministerio del Interior y el Plan Nacional Sobre Drogas quieren ocultar a base de multas y desintoxicaciones a multados, que la situación hace tiempo que se les fue de las manos. Ya es hora de pensar lo que conviene a la seguridad ciudadana y a la salud pública. Si lo apropiado es que la policía persiga a los delincuentes y que se venda marihuana con impuestos y control de calidad, así como regulaciones administrativas, o si, por el contrario, conviene que los navajeros campen a sus anchas mientras la Guardia Civil detiene pacíficos agricultores y/o fumadores cannábicos y facilita de forma indirecta el gran negocio del mercado negro y los que lo controlan, éstos sí, verdaderos destructores de la salud pública así como agentes catalizadores de corruptelas, crimen organizado e inseguridad ciudadana.
Más información en http://www.cannabiscafe.net
Comunicado de Prensa de la Asociación de Internautas del CannabisCafé (AICC), Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) Y Partido Cannabis por la Legalización y la Normalización (PCLYN).
2 Responses
si es que hay gilipollas en todas partes.luego pagan justos por pecadores.